Las redes sociales visibilizaron una vez más la situación que padecen los detenidos en comisarías y cárceles de la República Argentina.

Esta vez las imágenes muestran como se tortura a detenidos alojados en la comisaría de General Güemes, Salta.

La tortura es práctica corriente y el Estado sigue llegando tarde para hacer efectiva la vigencia de los Derechos Humanos en los centros de detención a su cargo.

El autogobierno que reina en las fuerzas policiales y penitenciarias no ha sido modificado por las políticas públicas en la materia, los más altos funcionarios de la Nación y las provincias enuncian compromisos que no tienen correlato en las acciones que sus subordinados implementan, mientras tanto la tortura y otros tratos crueles y degradantes siguen siendo la regla en los centros de detención.

El parlamento nacional tiene en el Senado de la Nación la posibilidad de sancionar el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura que ya cuenta con la aprobación de la cámara de diputados, y que constituiría un importante avance en la prevención de las violaciones a los Derechos Humanos a la vez que se cumpliría con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas firmado y ratificado por Argentina en 2004 mediante la ley 25.932.

El video difundido constituye un atentado a la Democracia y su repudio no puede quedar reducido a organismos de Derechos Humanos. Es imprescindible reconstruir las bases sobre las que se edifica nuestra sociedad, la hipocresía de los discursos llenos de promesas incumplidas en la materia debe dejar su lugar a los acuerdos responsables que construyan e implementen políticas de estado democráticas, que trasciendan a los gobiernos de turno, que incluyan a los partidos políticos, la universidad y la sociedad civil.

La historia de nuestro país ha sido manchada en reiteradas oportunidades por las políticas oficiales violatorias de los Derechos Humanos. Durante los últimos años se han repetido en innumerables ocasiones hechos como los aquí mencionados tanto en los sistemas provinciales como en comisarías y cárceles federales. Todos y cada uno de ellos deben ser esclarecidos y los culpables condenados, pero eso no sería suficiente si el Estado no adopta decididamente políticas activas a favor de la plena vigencia de todos los derechos que la privación de la libertad no quita.

Sobre el tema se puede leer tambien:

Comisión por la Memoria

CELS

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