Entrevista publicada el 5 de agosto de 2012 en La Politica Online

Especialista en temas carcelarios, Leandro Halperín, defiende la voluntad de Víctor Hortel de “modificar la realidad de las cárceles” y advierte que el Servicio Penitenciario “se lo está haciendo pagar”. “Lo nuevo es que el kirchnerismo empezó a militar en las cárceles, algo que los radicales hacemos hace años”, explica para minimizar la polémica con Vatayón Militante y agrega: “una manera de aportar seguridad es trabajar en la reinserción de los presos”.

Las salidas de presos para participar de actividades políticas y culturales generaron un escándalo que llamó la atención de la opinión pública sobre los regímenes de reinserción social en cárceles. Las imágenes de Víctor Hortel, director del Servicio Penitenciario Federal, participando de una murga enredaron el debate en cuestiones menores e incluso la Presidenta se refirió al incidente defendiendo por un lado a Hortel, alegando una serie de datos inexactos o erróneos y asegurando que se trata de un servicio “modelo en la República Argentina”.“La presidenta está mal asesorada, esa información que ella dio lo perjudica a Hortel. No lo beneficia en nada que se oculten datos y se den estadísticas imprecisas” señala Halperín, quien fue director de UBA XXII, el programa que introdujo la posibilidad de estudiar carreras universitarias a personas privadas de su libertad.

Una de las experiencia más elogiadas en ese sentido fue el Centro Universitario Devoto (C.U.D.), con más 25 años de funcionamiento y cuyas vivencias están registrada en el documental “No ser Dios y cuidarlos”.

Según datos de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a diciembre de 2011 había 6.171 detenidos que participaban de la educación formal, sobre un total de 9.682, lo que representa un 64 por ciento. De ese porcentaje, quienes acceden a una educación universitaria son menos del 7 por ciento.

Una educación universitaria que ingresó a los pabellones gracias a la persistencia de sus organizadores y a fuerza de enfrentamientos muy fuertes con las autoridades. Antes de la asunción del actual director del Servicio Penitenciario Federal en abril del año pasado, el programa UBA XXII tuvo serios problemas con el ex director Alejandro Marambio y con el entonces ministro de Aníbal Fernández. “Nos pusieron muchas trabas, (Marambio) hizo campaña sucia contra la UBA, dijo que llevábamos teléfonos a la cárcel, que las profesores tenían relaciones con profesores, dilaciones, secuestraron computadoras, trasladaban a presos a otros penales para que no estudien en Devoto”, recuerda Halperín y agrega: “yo espero que eso no pase nunca más en este país”.

¿Usted cree que hubo cambios sustanciales a partir del alejamiento de Marambio?

Hortel recién cumple poco más de un año en la gestión. Siguen existiendo torturas y malos tratos, tal como describe el informe del CELS. Pero a mi criterio Hortel tiene la voluntad de modificar esa realidad. No creo que pueda hacerlo de un día para el otro, ni en unos pocos meses, tampoco lo podrá hacer sólo con una agrupación como Vatayón Militante. En todo caso, me parece un funcionario mejor que Marambio, así como Alak me parece un tipo más respetable que Aníbal Fernández. Aún siendo yo radical, lo prefiero a Hortel antes que cualquier otro que se les ocurra poner. Lo que está haciendo es mejor que lo que antes había.

¿Las ONGs ganaron más presencia en la actividades de reinserción durante el último año?

A partir de la llegada de Hortel ganaron mas lugar ONG: agrupaciones políticas como Vatayón, pero también la UBA. Lo nuevo es que el kirchnerismo milita en las cárceles. Hasta entonces sólo la UCR y algunos organismos de derechos humanos teníamos llegada a actividades con reclusos, pese a todos los impedimentos de la administración kirchnerista. A partir de la llegada de Hortel el dato nuevo es que también el kirchnerismo tiene una agrupación que milita en cárceles.

¿Y eso asusta a la opinión pública?

Si, eso espanta a muchos. Pero lo cierto es que en las cárceles no hay nada para ganar en términos de votos, no es algo que “venda bien” ante la opinión pública ni esté bien visto. Es algo que el Estado debe hacer y que la sociedad necesita: trabajar en cárceles y realizar actividades de reinserción es necesario.

¿No cree que se genera un reclutamiento de reclusos para utilizarlos políticamente?

No necesitan ir a la cárcel para reclutar mano de obra que les sirva para apretar a otros grupos políticos. Algunos grupos kirchneristas han sido bastante agresivos sin requerir de presidiarios: han usado al sindicalismo, a barrabravas, a movimientos sociales periféricos al kirchnerismo. Reclutar “mano de obra” para el apriete no es el objetivo ni me parece. Muchos que trabajamos en cárceles tenemos más que perder ante la opinión pública que para ganar.

¿Cree que quedó expuesta la hipocresía de muchos que pretenden esconder y postergar los problemas de los presos?

En nuestro país no hay cárcel “para siempre”, toda la gente que esta presa hoy en algún momento volverá a estar en libertad. Cuando se genera un delito nos da miedo, cuando nos enteramos que el delincuente está por salir nos da miedo que esté en libertad y queremos que vuelva a la cárcel rápido. Decimos que no creemos que haya salido recuperado de alguna manera y mientras está preso, lo que pretendemos es pegarle, negarle derechos, educación, quitarle todo lo que le pueda hacer bien. Y cuando salen le tememos.

Salidas y torturas

¿Cree que se montó un show mediático al respecto? 

Obvio que hay imágenes que indignan y escandalizan a la opinión pública: el baterista de Callejeros a poco tiempo de recibir sentencia por asesinar a su mujer. Eso escandaliza. El juez tiene que dar explicaciones, la responsabilidad es del juez, no importa quién haya pedido esa salida, así sea Vatayón Militante, la UBA o Franja Morada
La autoridad administrativa está eximida si esos detenidos tenían autorización judicial.

Curioso que esa laxitud de los controles conviva con la persistencia de torturas en las prisiones…

Exacto, mientras se habla de Vatayón Militante, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura duerme en el Senado frenado por el kirchnerismo y el poder ejecutivo. Entonces no creo que el gobierno tenga la voluntad de erradicar la tortura en las cárceles, lo que sí encontramos son algunas grietas: funcionarios puntuales que tienen voluntad de modificar las cosas.

Se le dio más importancia a una nota que revelaba salidas de detenidos y se enredó el debate en si las actividades políticas son o no culturales. Un debate muy nimio. Y pasó desapercibido el informe sobre torturas del CELS y las denuncias que hubo en Salta, Neuquén, Buenos Aires, sobre apremios ilegales. ¿Qué expectativa podemos tener de esos reclusos cuando terminen su condena, si es que la terminan con vida?

Acaso las actividades de grupos como las de Vatayón nunca van a poder reemplazar las políticas de Estado que no se aplican…

No, no podrían ni deberían. Aunque el gobierno, sus militantes y sus actividades no son el Estado. Ellos tienden a creer eso y yo no lo comparto. El Estado debería tener un política penitenciaria a largo plazo para ver mejoras concretas. Es imposible definir eso porque este gobierno no dialoga, le hemos propuesto en innumerables ocasiones desde partidos políticos y organismos no gubernamentales en acordar política públicas. Parece algo imposible, por la soberbia de los funcionarios de más alto rango de este gobierno.

¿Les sirve participar en una murga si el personal del Servicio Penitenciario no cesa en violaciones a los derechos humanos?

Es bueno para la persona privada de libertad que se vincule con personas no privadas, con personas que tiene familia, trabajo, obligaciones, que intentan progresar. Muchas de las personas privadas de libertad la primera vez que se encuentran con el Estado, que tiene algún tipo de contacto con la estatalidad es cuando caen presos. Muchos de ellos casi no tuvieron contacto con maestros, médicos, jueces, asistentes sociales. Los únicos agentes públicos que llegaron a conocer son los del servicio penitenciario que los muelen a palos. Y esa es la primera presencia del Estado en sus vidas. Creo que puede haber buenas intenciones de parte de este director pero se necesita una nueva ley de sistema penitenciario.

Discursos y hechos

¿Cree que la ley que sanciona el mecanismo nacional de prevención de la tortura será aprobado?

Es importantísimo que el mecanismo nacional contra la tortura sea aprobado en el Senado, está por perder estado parlamentario, es central para que el Estado pueda controlar y no perder visibilidad sobre el estado de los presidiarios. Poder acceder a legajos, entrevistar reclusos y sus familiares, conocer de cerca el estado de la cuestión. En las cárceles se violan los derechos humanos y es necesario que esta ley se apruebe si es que la cuestión de los derechos humanos no es más que un discurso. Además, la diputada Victoria Donda presentó este año un proyecto con aval de la decana de la facultad de derechos y con acompañamiento por el FAP y la UCR que significaría un avance.

El proyecto divide las competencias, para que el servicio penitenciaria federal se dedique a la seguridad y construir asimismo un área administrativa de gestión para rehabilitación y reinserción con profesionales civiles especializados y que no dependan de las fuerzas militares ni policías.

¿Eso rompería el autogobierno y permitiría introducir cambios que provengan de sectores civiles y políticos?

Exactamente. Yo creo que Hortel está convencido que la mejor manera de aportar a la seguridad es la reinserción del preso. Y eso tiene costos muy altos. Y el Servicio Penitenciario se los quiere hacer pagar. Y no es sólo porque entre Vatayón Militante a las cárceles, también molesta que entre la UBA, o que entren organismos de derechos humanos. Rinde más política y mediaticamente cuando en el escándalo está involucrada una agrupación kircherista, pero ya conocemos a algunos sectores del Servicio Penitenciario Federal que han hecho operaciones públicas contra la UBA. Han ensuciado profesores, trabado iniciativas. Y eso sucedió con este gobierno, con Aníbal Fernández como ministro. Este funcionario actual no piensa igual al anterior y lo está pagando.

La situación actual

¿La Presidenta demostró estar mal asesorada cuando se refirió al tema públicamente?

La presidenta está mal asesorada, esa información que ella dio perjudica a funcionarios como Hortel. No lo beneficia que oculte datos y dé estadísticas imprecisas. Lo perjudica, porque cuando las estadísticas mejoren él no va a poder demostrar una mejora. Alguien le acercó material equivocado sobre la situación en cárceles a Cristina Kirchner. No sé quién. Es más valioso aceptar que han estado equivocado durante tantos años. Haber sacado el año pasado a Marambio es un reconocimiento de los errores cometidos de alguna manera. Pero hubiera sido mejor otro tipo de discurso el otro día. En la política de derechos humanos para con las cuestiones actuales hay una hipocresía muy grande en el gobierno, que Cristina hable mal del servicio penitenciario provinciales como bonaerense, cuando fue senadora por esa provincia y su partido gobierna desde 1987. El peronismo es responsable porque gobierna la mayoría de las provincias de nuestro país hace años. No puede desentenderse de eso.

¿Cómo es la situación en los servicios penitenciarios provinciales?

Terriblemente grave. En esto momentos, incluso peor que en el servicio federal. Habría que analizar caso por caso, pero actualmente muchos de esos servicios tienen directores y funcionarios a cargo con alguna voluntad de modificar esa realidad. Que el gobernador de Salta diga que el responsable es únicamente el policía que torturó es no asumir el problema, es querer mostrarlo como un hecho puntual y aislado, cuando es un problema estructural. Los funcionarios lo que buscan es que no haya motines, para no alertar a la población y que no se genere un incidente que luego le cueste su carrera política. Y si para ello deben regalar psicofármacos, torturar o permitir peleas internas, lo hacen. Y eso no es un solución sino una de las causas de la inseguridad.

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