Semanas atrás la salida de detenidos a disposición del Servicio Penitenciario Federal para participar de actividades políticas organizadas por la agrupación oficialista “Vatayón Militante”, produjo un fuerte debate en la opinión pública por la alarma generada porque responsables de delitos resonantes y recientes integraban la lista de beneficiarios.

Alexis Retamal Jara, luego de la paliza que recibió en la Unidad de Detención 11 de Neuquén

Corresponde diferenciar antes de introducirnos en la cuestión, el proceso de identificación y sanción de aquellas personas que cometan un delito de la ejecución de la pena que el ilícito merezca. Así entonces, una vez que la sentencia judicial responsabiliza a una o mas personas por la autoría de un hecho repudiado por la legislación penal, se determina una condena que en ocasiones significa la pérdida de la libertad durante un tiempo máximo determinado. Esta sanción debe ejecutarse bajo los preceptos establecidos por nuestra Constitución Nacional que en la primera parte del artículo 18 establece que: Quedan abolidos para siempre… …, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

A su vez los acuerdos internacionales en la materia y la legislación interna establecen cual debiera ser su finalidad, al respecto es ilustrativo lo expresado por la Ley 24.660, llamada de Ejecución de la Pena, que en su artículo 1º dice que: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada”. Completando este concepto el artículo 2º profundiza en la cuestión cuando expresa que: “El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten…”.

Se crea que la cárcel es el lugar donde se resocializarán aquellos individuos que han transgredido la moral hecha norma o se crea en la cárcel como un espacio destinado a aumentar la vulnerabilidad de los seleccionados y someter a los excluídos, lo cierto es que el sistema penal daña a la sociedad que pretende proteger, ya que reproduce las conductas que sanciona y margina, casi definitivamente, a sus prisioneros de cualquier expectativa y posibilidad de alcanzar con medios legítimos, los objetivos que hayan imaginado en su plan de vida.

Las estrategias que el Estado disemina en contextos de encierro se dan de bruces con los fines y métodos declarados, la prisión despersonaliza, la pena trasciende la perdida de la libertad ambulatoria y los daños que provoca deterioran los vínculos positivos mas relevantes; derechos fundamentales como la salud, la educación o la cultura, se convierten en privilegios mientras que la tortura y otros tratos crueles y degradantes conviven con la muerte en una tenebrosa cotidianeidad.

El período iniciado en 2003 con la presidencia de Nestor Kirchner, y continuado luego por Cristina Fernández, no ha mostrado cambios significativos en favor de la sociedad. De hecho el mismo día que el diario Clarín publicaba en tapa la salida del baterista de Callejeros para una actividad del “Vatallón”, Página 12 daba cuenta sobre la situación de la tortura y la muerte en las cárceles argentinas, enunciando el agravamiento de las condiciones de detención y la falta de voluntad política para modificar dicha realidad. Lo narrado implica graves violaciones a los Derechos Humanos que a su vez impactan con brutalidad en la calidad de vida de los habitantes de nuestro suelo todo, ya que cuando las víctimas (otrora victimarios) de estos abusos retornen al medio libre (en nuestro país la cárcel para siempre no existe), lo harán en peores condiciones a las de su ingreso a la prisión, lo que aumenta el riesgo de situaciones violentas para el conjunto de la sociedad y aumenta también la posibilidad de volver a la prisión para un significativo porcentaje de aquellos que debieron haber sido motivados en sentido contrario por las políticas públicas.

Sin perjuicio de lo narrado, el debate situó de modo prioritario al error político de propiciar salidas de algunos reconocidos condenados por repudiables hechos y, en la actividad de carácter partidaria de una agrupación vinculada al oficialismo nacional; en vez de poner el foco principal en cual es la forma en la que debe intervenirse en contextos de encierro y en repudiar las violaciones a derechos fundamentales que por cierto, conspiran contra la paz de la sociedad.

Cierto es que los privilegios para actuar intramuros del Vatallón Militante, distan mucho de los derechos que no pueden ejercer acciones como las de la Universidad de Buenos Aires, que lleva 27 años sorteando obstáculos para poder llevar adelante su modelo inclusivo de educación en cárceles que encuentra su principal problema en la falta de voluntad de la administración penitenciaria y de las autoridades políticas para desarrollar con normalidad su labor. Pero también es noble reconocer que las actuales autoridades penitenciarias, han mostrados síntomas durante el último año de querer encauzar positivamente algunos de los desencuentros entre la finalidad declarada y la realidad de las cárceles en nuestro país, aunque no los exime de responsabilidad en los desaciertos que su actuar pudiese involucrar.

En cualquier caso el Estado, pero fundamentalmente la sociedad, debe decidir con responsabilidad de que forma quiere tratar a aquellas personas que condena a pagar su culpa en nuestras cárceles, cuales son los fines de la pena y de que manera se van a implementar las políticas que busquen alcanzarlos.

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