La tortura es una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos, y una de las principales deudas de la Democracia Argentina.

A pesar de su absoluta prohibición en nuestra legislación nacional e internacional, han sido insuficientes los esfuerzos para combatirla en los lugares de encierro.

Durante la dictadura militar la tortura era aplicada deliberadamente, en el marco de un plan sistemático de exterminio masivo de personas, planificado por las máximas autoridades de entonces con el objetivo de aniquilar toda expresión política contraria al régimen de facto. Con el retorno de la Democracia, si bien no puede caracterizarse como Política de Estado, la tortura siguió siendo, aún hasta el presente, una lacerante realidad en contextos de encierro, siendo aplicada como método disciplinario (preventivo o represivo) que, en ocasiones guarda estricta relación con la corruptela intramuros o con la perversa lógica de premios y castigos extrajudiciales que impera en esos laberintos del terror; por otra parte las víctimas ya no son militantes a los que se busca silenciar, en su mayoría son jóvenes pertenecientes a los sectores mas vulnerables que, en ocasiones conocen al Estado por vez primera al recibir los tormentos aplicados por los funcionarios de turno.

La República Argentina enfrenta una paradójica situación al respecto, nuestro país suscribió cuanto convenio internacional en la materia se le propuso y con la reforma constitucional de 1994 se le dio la mas alta receptividad normativa, sin embargo el Estado tortura y niega su práctica estructural en cárceles, institutos para menores, comisarías y psiquiátricos. A pesar de las innumerables denuncias y elementos probatorios presentados por organismos de control, sociedad civil y víctimas de la tortura; sólo la intervención de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha logrado que el Estado acepte su responsabilidad indelegable en la prevención de la tortura.

A pesar de la resistencia del gobierno para reconocer fronteras adentro que en nuestro país se aplican estas prácticas aberrantes y que la responsabilidad por las mismas no es exclusivamente individual, la interpelación a la que se vio sometido el Estado Argentino en el Consejo de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por las denuncias de torturas, malas condiciones de detención y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en contextos de encierro ha provocado que se reconozca su existencia y se comprometiese la adopción de medidas para que esos hechos no queden impunes, para mejorar las condiciones de detención y para implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, obligación asumida con la rúbrica del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

La creación del “Mecanismo” es fruto del trabajo responsable de la mayoría del arco político parlamentario y de los aportes realizados por los organismos de control y la sociedad civil organizada y especializada en la materia, el rumbo es el correcto; constituir una verdadera Política de Estado en la materia, dotando de previsibilidad a las políticas públicas en la materia y autoridad suficiente a un nuevo organismo que será el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Más