A Jorge Lanata:

Mi nombre es Leandro Halperin y hace más de 20 años que ocupo gran parte de mi tiempo en difundir lo que pasa en nuestras cárceles, defender los derechos de sus prisioneros a no tener otra pena que la pérdida de la libertad y a consolidar la capacitación para el empleo y la educación, especialmente la universitaria en mi caso, como herramientas esenciales para producir oportunidades que pueden integrarnos de manera pacífica e igualitaria como sociedad.

Habitualmente veo su programa, Periodismo Para Todos, y en la emisión del 16 de noviembre realizó comentarios sobre la creación de un Sindicato de Presos que me invitaron a escribirle estas líneas para expresarle mi opinión al respecto.

Como bien informó usted en su programa Periodismo Para Todos, en la emisión del 16 de noviembre, se creó un sindicato para presos –SUTPLA– que defiende los derechos de las personas que están en prisión y por ende también de los detenidos que trabajan en ellas. Esta situación es el emergente de muchos motivos pero tiene dos causas principales, la primera es porque el Estado argentino viola los derechos de las personas privadas de libertad y precisan defenderse de eso y la segunda, es que muchos “defensores de los derechos de todos” tuvieron una mirada complaciente para con el accionar oficial en contextos de encierro durante la última década, algunos silenciaron o aplacaron sus voces, otros las direccionaron hacia donde no irritaran al gobierno nacional; lo cierto es que dejaron espacios vacíos que otros vinieron a llenar.

En las cárceles hay empleo, poco y malo, en los últimos años hay un poco más que antes. Las condiciones en las que desarrollan su tarea esos trabajadores, porque eso es lo que también son, en las mas de las veces son vejatorias de las leyes que lo regulan y no hay justificativo para tolerar ese abuso ni ningún otro; tampoco para que no les paguen por la tarea que desempeñan. No ganan dinero por estar presos, lo hacen por trabajar, es lo que corresponde.

Se que conoce la realidad de las cárceles argentinas. Sabe que la cárcel hace daño a los que aloja, y que también daña a la sociedad que dice proteger. Reproduce las conductas que sanciona y convierte al Estado en delincuente.

En reiteradas ocasiones difundió lo que pasa tras los muros de la prisión. Allí ocurren a diario violaciones a los Derechos Humanos a cargo de funcionarios que representan al Estado argentinos, en espacios donde los derechos se transforman en privilegios a los que para acceder hay que aceptar las reglas de la cárcel, reglas que buscan la caída en el abismo de lo inevitable; condicionan negativas identidades y buscan provocar la eterna reincidencia.

Pocas cosas se pueden hacer mas importantes, también en nombre de la seguridad, que reducir el daño que provoca el sistema penitenciario; y no hay dudas que entre esas pocas están asegurar la posibilidad de acceder al empleo y a la educación. La misma posibilidad que el Estado no le dio a la mayoría de los habitantes de sus prisiones, el 91% no terminó el secundario y un 36% ni siquiera el primario; el 39% estaba desocupado y el 44% no tenía oficio ni profesión cuando fue detenido.

En Argentina no hay cárcel para siempre, y aunque algunos no la sobreviven a causa de la delincuencia estatal, la mayoría en algún momento recupera su libertad. Es de esperar entonces, que la vuelta al medio libre no sea conflictiva para el liberado, su familia, ni tampoco para la sociedad. Para lograrlo no hay muchos caminos, recibimos lo que damos como sociedad. Así como los trata el Estado en prisión, nos tratan algunos de ellos a nosotros cuando recuperan su libertad.

Podemos interrumpir ese perverso espiral negativo si aseguramos la plena vigencia de la ley también donde se alojan los sancionados por infringirla. Caso contrario, el presente, por más malo que nos parezca, será mejor que el futuro.

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