Comparto con ustedes la introducción del informe que presentarán, en unos días, la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación, trabajo que tuve el placer de coordinar.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS DE ENCIERRO

30 años del Programa UBA XXII

La Democracia argentina está en deuda. Se crea en la cárcel como una justa retribución a una grave infracción, un espacio destinado a aumentar la vulnerabilidad de los seleccionados y someter a los excluídos, como el lugar donde se resocializarán aquellos individuos que han transgredido la moral hecha norma o no se crea en que debe ser utilizada; lo cierto es que el sistema penitenciario no cumple con la finalidad que la ley le otorga. No prepara para la vuelta al medio libre, estigmatiza y reproduce las conductas que sanciona.

Traspasando los muros de la prisión, el Estado se convierte en lo que dice prevenir, delinque y muestra su peor cara cuando deja de cumplir con su indelegable rol de garante de derechos para transformarse en su principal violador.

La cárcel daña a la sociedad, a sus trabajadores y a los prisioneros. La pena trasciende la perdida de la libertad ambulatoria, los daños que provoca deterioran los vínculos mas relevantes y esmerila la espectativa de una vuelta al medio libre alejada del conflicto. Derechos fundamentales como la salud o la educación se convierten en privilegios, y conceptos intrascendentes para el común -como tiempo o espacio- adquieren un nuevo significado al perderse la administración de los mismos.

A pesar de tener un plexo normativo casi ideal en la materia, nuestro sistema legal queda practicamente suspendido cuando se ingresa a la prisión, nuevas reglas lo reemplazan. Los derechos se transforman en excepciones o privilegios y se impone un perversa lógica premial, “hacer las cosas bien” en la cárcel es aceptar estas premisas como válidas y resignarse al abismo de lo inevitable como único camino posible, la reincidencia.

En este contexto ingresó la Universidad de Buenos Aires a la prisión hace 30 años, era 1985 y la primavera democrática invitaba a imaginar nuevos abordajes para viejos conflictos.

En la cárcel de Villa Devoto, emblemático penal de máxima seguridad ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, se dictaron las primeras clases de una carrera universitaria a personas privadas de libertad en su lugar de alojamiento. Un pabellón destruído luego de un incendio, que había alojado jóvenes adultos, fue cedido por el Servicio Penitenciario Federal para que allí funcione la Universidad de Buenos Aires. El esfuerzo de los estudiantes intramuros, donaciones, el aporte de integrantes de la comuniad universitaria y la cooperación de algunos trabajadores del Servicio Penitenciario Federal hicieron posible la construcción del primer Centro Universitario en una cárcel

Aulas reemplazaron a las celdas, docentes a penitenciarios y alumnos a presos. Una experiencia inédita en el mundo que amplió los márgenes de la universidad pública que puso a disposición las herramientas que posee para mejorar la accesibilidad y el ejercicio de derechos fundamentales, herramientas que integran, que brindan verdaderas oportunidades para elegir de que manera se quiere vivir la vida.

En el año 2013, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Facultad de Derecho decidieron analizar los efectos de esta nueva realidad.

La educación brinda oportunidades y el acceso a las mismas ha permitido reformular las relaciones con el adentro y con el afuera Efectos no buscados por no ser tarea de la Universidad se han convertido en símbolo del Programa UBA XXII. A los conflictos intramuros que tienen a la violencia como medio de solución, nuestros estudiantes y graduados intramuros lo reemplazaron por los instrumentos que la ley otorga; el Habeas Corpus ocupó el lugar del motín aunque lamentablemente pareciera que muchos siguen prefiriendo lo contrario y hoy defenderse con la ley es más peligroso que usar la violencia en las cárceles federales argentinas, traslados compulsivos, perdida de beneficios, ofertas de trabajo en horario de estudio, acusaciones infundadas a docentes y toda clase de artimañas han sido puestas en marcha por la administración penitenciaria para evitar el acceso a las aulas de la universidad en la cárcel.

También la reincidencia ocupa un acápite especial en este trabajo, si bien la educación no es medicina contra el delito no puede soslayarse el efecto integrador de manera pacífica que la distribución del conocimiento tiene el seno de nuestra comunidad. Así como cerca de uno (1) de cada dos (2) detenidos reincide en el delito (46,5%), en el caso de los que se graduan en la Universidad de Buenos Aires esta cifra se reduce a apenas el 15 %. Su explicación no está en la labor de la universidad pública en contextos de encierro, más bien se encuentra en la ausencia de políticas inclusivas por parte del Estado antes de la producción del conflicto que es atendido por el sistema penal.

La educación reduce el daño que causa la prisión, por lo que se torna de imposible explicación con la razón, el por qué de la oposición de otras areas del Estado que tienen a su cargo el diseño y la implementación de las políticas penitenciarias.

Así entonces, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación presentamos el primero de una serie de trabajos que tienen como finalidad ahondar en la búsqueda de las respuestas que nos faltan y proponer reformas legislativas y administrativas que busquen alcanzar los objetivos fijados por la Constitución Nacional.

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