carcelEl 10 de Diciembre de 2015 otro ciclo político habrá finalizado en la historia de la Argentina sin modificar el Sistema de Ejecución de la Pena. En el mejor de los casos, todo sigue como lo encontraron y el Kirchnerismo se va del poder y deja algo muy parecido a lo que encontró, un Estado que agrava los problemas y hace lo mismo que reprocha cuando se vuelve delincuente tras los muros de la prisión.

Sigue vigente la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, sancionada durante la dictadura de Lanusse, haciendo caso omiso al amplio consenso que hubo para avanzar en la desmilitarización de la intervención estatal en las cárceles; tampoco hubo un plan de infraestructura que supere la búsqueda del rédito financiero para los “libres no seleccionados por el sistema penal” y alcance los criterios introducidos por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

Algún lector desprevenido podría suponer que: “luego de una quijotesca disputa con la derecha fascista”, los K no pudieron conmover los cimientos de un sistema de complicidades y corruptelas cuyas consecuencias perjudican a la sociedad que declama proteger; pero lamento pincharle el globo, que en este caso no es amarillo.

El kirchnerismo ha sido parte fundamental del problema durante estos años y salvo las buenas intenciones, sin respaldo, de Víctor Hortel; su política penitenciaria pasa cotorturasn pena y sin gloria. El símbolo de estos años será Alejandro Marambio, su discurso académico forjado en las mejores tradiciones universitarias fueron un profundo contraste con las políticas -aplicadas por él y sus seguidores- de sistemático cercenamiento de derechos fundamentales y empecinados en la obstaculización de la labor de los organismos de control.

Las cárceles fueron dominadas con el miedo como herramienta, aplicaron una perversa lógica de premios y castigos basada en aceptar ilícitas formas de vida como estrategia de supervivencia en un ámbito controlado por el Estado, con funcionarios públicos dispuestos a proteger o lastimar –física y psíquicamente- según acepten o no las condiciones impuestas. Pasando los muros de las prisiones argentinas, las mas graves conductas sancionadas por el código penal son aplicadas por agentes públicos o ante el conocimiento de ellos. Recorrer otro camino es, para los presos que así lo intenten, transitar un sendero plagado de inexplicables obstáculos que parecieran querer hacer caer en un inevitable abismo, llamado reincidencia.

Similar situación viven quienes trabajan en las prisiones, si desean llevar adelante su tarea en el marco de lo que ordena la ley arriesgan su integridad física, son sometidos a amenazas y ven coagentendicionado su progreso laboral; todo en el marco de una actividad mal remunerada, con bajo reconocimiento y estímulos y sin posibilidad de canalizar organizadamente los reclamos para mejorar el ambiente laboral.

No se trata de justificar el comportamiento de presos ni de carceleros, se trata de conocer las causas del actual fracaso de la política penitenciaria para poder diseñar otras que sean idóneas con los objetivos que ordena la ley; aquellos que aseguran derechos en vez de violentarlos, derechos fundamentales que cuando se garantiza su accesibilidad integran de manera pacífica; reduciendo el daño que causa la prisión, daño en el preso, en su familia, en los que allí trabajan y en el conjunto de la sociedad, que sabe y padece las consecuencias de tener cárceles que agravan el problema.

Estructuras edilicias vetustas, espacios nuevos concebidos solo para castigar; personal con escasa formación para las labores que desempeñan, mal retribuídos y sin estímulos, resultan ser los recursos de un sistema que lejos se encuentra de lo previsto por nuestra Constitución Nacional y lo anhelado por la sociedad.

La cárcel es un espacio en el cual los alojados en ella, son estimulados para aceptar opciones que favorecen la vuelta al delito y que los alejan de oportunidades de acceso a otras que coadyuven para una vuelta al medio libre inclusiva y alejada del conflicto.

El cambio de paradigma

Bases para la reforma del sistema de ejecución de la pena

Toda acción estatal debe partir de un presupuesto básico, que aunque resulte obvio corresponde señalar, el Estado no tiene autorización para violar la Ley; tampoco en contextos de encierro y resulta esencial que esta premisa supere lo declamativo y sea base de las futuras políticas en la materia.

La Reforma implica terminar con el autogobierno penitenciario desmilitarizando el Servicio Penitenciario Federal. Deben diferenciarse claramente las áreas y circunstancias de intervención del personal de seguridad y del personal de “tratamiento”, que pertenezcan a divisiones estatales distintas pero de gestión conjunta, con controles intrapoder pero también externos, jerarquizados, irrestrictos y con participación de la sociedCaptura de pantalla 2015-12-08 a las 23.50.55ad civil. La creación por parte del Poder Legislativo del Mecanismo Nacional contra la Tortura, organismo para el que fui nominado por el bloque radical de diputados, resulta un avance que incidirá en la situación de los contextos de encierro si se pone en funcionamiento, situación que a la fecha no ha sucedido y ahora es responsabilidad principal de Cambiemos.

Las condiciones de los lugares de detención son en muchos casos inhumanas, en ellos se aplican sistemáticas prácticas de tortura y violencia que deben ser erradicadas. Las acciones a implementarse deben desarrollarse en un contexto en el cual se asegure el derecho a la integridad física y psíquica, donde se hagan accesibles otros derechos que la pena no cercena, como la educación, la salud y el trabajo; en ambientes propicios para su desarrollo, por lo que debe reformularse la arquitectura de las cárceles pero fundamentalmente la manera en la que se trabaja dentro de ellas.

El desafío es reducir el daño que causa la prisión, y ese debe ser el nuevo norte que reemplace al actual que reproduce y agrava los conflictos que dice solucionar.

A 32 años de la vuelta de la Democracia, es hora que traspase los muros de la prisión.

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