En Bastión Digital publicaron este artículo que escribí sobre la situación del sistema penitenciario después de la fuga de Alvear.

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¡Oh, libertad gran tesoro!

porque no hay buena prisión,

aunque fuese en grillos de oro.

Lope de Vega

 

La fuga de los hermanos Lanatta y de Victor Schilacci obligó al conjunto de la sociedad a observar una situación que la mayoría preferiría no mirar.

Tras los muros que ocultan a la prisión, el Estado se convierte en delincuente cuando hace, tolera y/o promueve lo mismo que reprocha a los más de sesenta y nueve mil presos que aloja; en las cárceles de nuestro país se mata, viola, tortura, venden drogas y roban en lugares que financiamos con nuestros impuestos, vigilados por funcionarios públicos que tienen como tarea evitar que todo eso pase. Y además motivar a los prisioneros con herramientas que les permitan, en su regreso al medio libre, integrarse de manera no conflictiva.

Pero quienes trabajan en la prisión, hacen, toleran o no se animan a denunciar lo que ven porque saben que las represalias no tardan en llegar, ni distinguen entre presos y penitenciarios cuando se trata de escarmentar a los que no entiendan que lo que en la calle es derecho, en “la tumba” se transforma en privilegio, y que su acceso es regulado por aquellos que deberían garantizar la vigencia de la ley en vez de su suspensión.

Esta situación, a pesar de ser conocida, suele no alterar la comodidad de los despachos oficiales; son casos donde las víctimas son los identificados como “delincuentes”, y que sean sus cuerpos y mentes los que reciban el castigo alegra a algunos y poco importa a muchos más. Sin embargo, el Estado no tiene autorización para delinquir, tampoco en la prisión.

La tolerancia a estas prácticas es ilegal, pero también para quienes consideren no importante esta cuestión o crean que la legislación debe cambiar  y autorizar el delito -paradójicamente- para evitar futuros delitos, deben saber de la demostrada ineficacia de esta realidad. De la cárcel se sale peor de lo que se entra y en ocasiones antes de lo que corresponde, la responsabilidad es de los que declaman hacer lo contrario, pero sus consecuencias las pagamos todos cuando aumenta la cantidad de delitos y la violencia con la que se cometen.

Las prisiones son controladas con el miedo como herramienta de dominación, se aplica una perversa lógica de premios y castigos basada en aceptar ilícitas formas de vida como estrategia de supervivencia; recorrer otro camino es, para los presos que así lo intenten, transitar un sendero plagado de inexplicables obstáculos que parecieran querer hacer caer en un inevitable abismo, llamado reincidencia.

Similar situación viven quienes trabajan en las prisiones, si desean llevar adelante su tarea en el marco de lo que ordena la ley arriesgan su integridad física, son sometidos a amenazas y ven condicionado su progreso laboral; todo en el marco de una actividad mal remunerada, con bajo reconocimiento y estímulos y sin posibilidad de canalizar organizadamente los reclamos para mejorar el ambiente laboral.

La legislación es clara sobre el objetivo que la da a la cárcel, lo hace en la ley 24660 cuando en su artículo 1 dice que:

“La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.”

Sin embargo, se acepta con mansedumbre bovina la hipocresía que implica saber que se hace lo contrario a lo que se declara.

Edificios vetustos conviven con nuevas construcciones que incorporan alta tecnología que deja de funcionar justamente cuando se la precisa. Sus forzados residentes se mezclan en espacios sin estímulos positivos, donde se llega al extremo de considerar peligrosos a los quieren estudiar y donde estar dispuesto a matar logra mejores condiciones de vida y hasta favorece su camino hacia la libertad.

Los trabajadores penitenciarios tienen una parecida situación, saber pegar es mejor reconocido que brindar educación, proteger la salud o capacitar para el empleo. Las reglas carcelarias también los alcanzan y quienes no las aceptan saben de amenazas, extorsiones, traslados a los peores destinos o deterioro de las oportunidades de una mejor situación laboral. Todo sin derecho al pataleo, ni siquiera con la posibilidad de agremiarse para defender de manera organizada, el derecho inalienable a trabajar en un ámbito donde se respete la Ley.

El contexto no puede justificar el comportamiento de presos ni de carceleros, pero conocerlo sirve para entender las causas del fracaso de la política penitenciaria, y es insumo esencial para poder diseñar e implementar herramientas que sean idóneas con los objetivos que impone una democracia que aún no se animó a ingresar a la prisión.

Las noticias que recientemente sacudieron al país, se originaron en un penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero podría haber ocurrido en cualquier otra cárcel de alguna provincia o del sistema penitenciario federal.

En casi todo el país se viven situaciones parecidas con servicios penitenciarios autogobernados a cargo de prisiones que agravan los problemas. Quienes han sido elegidos para dar respuestas a los principales conflictos que tenemos tienen la obligación de decirnos la verdad y declarar que estamos en “emergencia” puede ser un buen comienzo, pero no puede olvidarse que así comenzaron tantos otros.

Si de verdad lo que se quiere es cambiar, el primer paso es desmilitarizar los servicios penitenciarios. Deben diferenciarse claramente las áreas y circunstancias de intervención del personal de “seguridad” y del personal de “tratamiento”, que pertenezcan a divisiones estatales distintas pero de gestión conjunta, con controles intrapoder pero también externos, jerarquizados, irrestrictos y con acceso al derecho a la información y participación de la sociedad civil.

Las condiciones de los lugares de detención son en muchos casos inhumanas, en ellos se aplican sistemáticas prácticas de tortura y violencia que deben ser erradicadas. Las acciones a implementarse tienen que desarrollarse en un contexto que asegure el derecho a la integridad física y psíquica, donde  se hagan accesibles otros derechos que la pena no cercena, como la educación, la salud y el trabajo en ambientes propicios para su desarrollo, por lo que debe también reformularse la arquitectura de las cárceles, pero fundamentalmente la manera en la que se trabaja dentro de ellas.

El desafío es reducir el daño que a todos nos causa la prisión, y ese debe ser el nuevo norte que reemplace al actual que reproduce y agrava los conflictos que dice solucionar, y fundamentalmente que en la cárcel, también, el Estado respete la Ley.

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