Bienvenidos a la prisión

Por Leandro Halperin

 «Hasta el 10 de diciembre del año pasado las fuerzas de seguridad, entre las que incluyo el Servicio Penitenciario, se autogobernaban. Esto se terminó»

María Eugenia Vidal

 

En las cárceles argentinas es muy común que los nuevos habitantes sean recibidos con una “bienvenida” que consiste en la aplicación de golpes de puños y patadas que suelen ser acompañados por una variada gama de insultos; todo esto es realizado por empleados estatales (que financiamos todos) agrupados en una organización llamada Servicio Penitenciario que tiene como misión, velar en contextos de encierro, por el cumplimiento de la ley en vez de violarla.

La aplicación de estos hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes es sistemática y estructural en el sistema penitenciario argentino. Los administradores de la penitencia buscan la rápida comprensión por parte del detenido sobre las reglas que imperan en su nuevo alojamiento. De esta forma son anoticiados que lo que en el medio libre se llama derechos, en la prisión se convierten en privilegios, y que su acceso queda reservado para aquellos que acepten que la regla es la inexistencia de la ley. Todo esto agravado por la presencia permanente del Estado que en ocasiones se convierte en victimario y agrava las causas que llevaron a muchos a la prisión, a la vez que favorece la reincidencia en el delito con su mal actuar.

La ejecución de la pena privativa de libertad se realiza en ámbitos insalubres y sobre poblados pabellones, con menos camas y colchones que gente para usarlas; escasean los profesionales de la salud, faltan maestros, aulas y talleres donde aprender y ejercer oficios; la cárcel es un lugar que también obliga a sus trabajadores a conformarse con que nada puede cambiar y aquellos que insistan en intentarlo a pesar de todo, son mirados por sus pares con desconfianza.

Los “códigos tumberos” se extienden al resto de la vida carcelaria. Todo es negociable si se adaptan los actores a un complejo sistema de prebendas, regulado por la amenaza -siempre latente- del uso de la violencia como explicación suficiente y forma de resolver los conflictos. Estos “códigos”, perjudiciales para la sociedad, son los que imperan tras los muros de la prisión; y tienen como principales administradores y beneficiarios a aquellos que regulan ese mercado ilegal, le ponen valor al intercambio de favores y lo reciben en pesos.

El actual sistema penitenciario se alimenta de su fracaso. Precisa que la regla sea que no haya reglas para que imperen las excepciones, y que estas sean reguladas por sus administradores. Para que los “negocios” funcionen, se necesita que el resto del Estado mire para otro lado y fundamentalmente que, quienes son elegidos para resolver los problemas – los gobernantes – deleguen sin controles o simulando su existencia, en el amo y señor de la vida y la muerte en la prisión, el servicio penitenciario; consagrándose así el sistema llamado de “autogobierno”.

El 27 de diciembre de 2015 se abrieron las rejas del penal de máxima seguridad de General Alvear, por la puerta salieron los hermanos Lanatta y Victor Schilacci; fue la “bienvenida” para la gobernadora María Eugenia Vidal. De esta forma se le hizo saber la pretensión de mantener el sistema imperante en las cárceles, y avisada fue de las consecuencias que podrían traer pretender terminar con esta forma de organizar la prisión.

La política suele aceptar estas reglas, en el mejor de los casos le queda cómodo no ocuparse del problema. Si algo malo trasciende – algún reincidente, torturas o hechos de corrupción – la responsabilidad es sólo individual y se niega el fracaso sistémico con la misma eficacia que si quisieran negar que todos los días sale el sol. Pero ese no parece ser el rumbo elegido por la gobernadora Vidal y el gobierno de cambiemos en la provincia.

Luego de diagnosticar con honestidad brutal la real magnitud del problema y reconocer que en las cárceles se violan los Derechos Humanos, el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires anunció una profunda reforma que tiene en el fin del autogobierno penitenciario un requisito indispensable para ser llevada adelante. El desafío es mucho más profundo aún, se propuso invertir el norte de las políticas públicas en la materia para cambiar la producción de daño que caracteriza hoy al sistema penitenciario, por la reducción del daño que el mismo provoca.

Con la pretensión de convertirlo en política de estado se presentó el Plan Estratégico 2016-2026, de concretarse estaríamos frente a uno de los procesos de reforma más importantes de los pendientes desde 1983, democratizar la cárcel.