La Noche de los Bastones Largos constituye uno de los episodios más oscuros en la historia de nuestro país.
En julio de 1966, luego del derrocamiento del presidente constitucional y radical, Don Arturo Illia; Argentina era gobernada por el general y dictador Juan Carlos Onganía que en sus primeras medidas luego del golpe de Estado, disolvió el Congreso Nacional, destituyó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y prohibió toda actividad política. Las restricciones también alcanzaron a las universidades públicas que llevaban casi 50 años ejerciendo su autonomía lograda con la Reforma Universitaria de 1918.
Los años ́60 encontraban a la universidad pública en su momento dorado, el reformismo había sentado sólidas bases que consolidaron el gobierno tripartito de estudiantes, graduados y profesores; la ciencia argentina maravillaba el mundo y la extensión universitaria cumplía su función social al llevar el compromiso de los claustros al seno de la sociedad. Las aulas transpiraban conocimiento, el debate fundado era regla en un contexto de excelencia académica y pensamiento crítico.
Hacia fines de julio de 1966, la dictadura de Onganía interrumpió violentamente este círculo virtuoso cuando anuló el gobierno tripartito y prohibió la actividad política en la universidad; los decanos y rectores debían convertirse en delegados interventores del Poder Ejecutivo o renunciar; la medida produjo el rechazo y reclamo de la comunidad universitaria que se negó a aceptar la decisión del dictador. La respuesta fue la ocupación militar de las universidades en la noche del 29 de julio, “La Noche de los Bastones Largos”.
Profesores, estudiantes y trabajadores universitarios fueron desalojados de las aulas a golpes e insultos por uniformados, se expulsó por cuestiones ideológicas a profesores de todos los niveles muchos de ellos concursados y de prestigio nacional e internacional; cientos de científicos abandonaron el país, muchos más renunciaron a dar clases, se quemaron libros, se prohibió la actividad de los Centros de Estudiantes. A la violencia, autoritarismo y fuga de cerebros, se le agregó la censura a los contenidos curriculares, acabando con el pluralismo de la universidad reformista. Las consecuencias las pagamos todavía hoy.
No fue la primera vez que un gobierno quiso controlar la producción de las ideas, tampoco la última que se buscó alinear a la universidad pública con un gobierno nacional, pero la universidad para mantenerse como idóneo instrumento del mejoramiento de la nación, no debe ni puede reconocer otro gobierno que el surgido de sus claustros; debe preservar su autonomía tal como lo garantiza la Constitución Nacional, luego de la reforma del año 1994.
El pleno ejercicio de deberes y derechos en la universidad pública se normalizó con la recuperación de la Democracia en 1983. Desde entonces se recuperó la autonomía y volvieron a regir los principios de los reformistas de 1918, más de un siglo después, la universidad pública argentina es sinónimo de excelencia académica, de investigación, es gratuita, masiva y cogobernada; mantiene un fuerte compromiso social y es un orgullo de la comunidad en la que se integra. Un símbolo de la Argentina que debemos construir.
Acariciando lo áspero 